El nuevo plan de Obama, la filosofía de los acreedores y el vía crucis de los propietarios

*Por Elizabeth Guia Magallanes

El gobierno del Presidente Obama acaba de anunciar una ampliación y extensión del Programa de ayuda a los dueños de casa que entraría en vigencia en abril de este año.

Las opciones del plan original eran y continúan siendo múltiples e incluyen la extensión del plazo de la hipoteca hasta cuarenta años, la reducción de la tasa de interés hasta un 2%, el aplazamiento de la deuda acumulada y parte del principal, sin interés, hasta el final del nuevo período de pagos, y el perdón de una parte del principal, o cualquiera combinación de dichas opciones. El nuevo plan reduce las restricciones para que más dueños de casa puedan participar y salvar sus viviendas.

Tomando en cuenta que muchas de estas propiedades tienen un valor significativamente inferior al monto de la hipoteca, cabría imaginarse que una modificación podría ser buen negocio para todo el mundo. El banco lograría recuperar, con términos nuevos, el monto del préstamo, siempre mayor de  lo que recuperaría de tener que vender la propiedad en subasta pública. Por su parte, el dueño de la vivienda se quedaría viviendo en ella, con una cuota hipotecaria más en línea con sus posibilidades de pago actuales. La lógica aparente en este caso, infortunadamente, va contra la corriente de la realidad.

Para empezar, para la mayoría de los dueños de casa, su vivienda no es un “negocio:” compran un “techo” donde vivir. Para el banco, la emisión de una hipoteca “siempre” es un negocio. Para el dueño de casa, perder o no su vivienda, es un asunto muy “personal,” para el banco, nunca lo es. El banco tiene suprema potestad de negociar o no, modificar o no. Al fin y al cabo, cuando una demanda de embargo se lleva a efecto y el banco se queda con una vivienda, ésta pasa a ser un número más en la lista de activos de la institución. No se trata de que esto sea bueno o malo, justo o injusto, es simplemente la forma en que opera un sistema que por definición protege, y debe proteger, la propiedad privada. Al menos en teoría.

El costo de la crisis de bienes raíces que hizo tambalear la estructura financiera de uno de los países más ricos del mundo ha sido monumental, no sólo para los dueños de casa o para los bancos o para el gobierno; el daño se ha propagado por la sociedad con más fuerza y devastación que una epidemia de influenza.

Lamentablemente, la crisis no fue el resultado de un mercado verdaderamente libre de influencias distorsionantes: precios inflados, préstamos irresponsables, tráfico de influencias, conflicto de intereses, manipulación de cifras, competencia desleal, ambición desenfrenada…; en pocas palabras, la crisis fue el resultado de una creciente y generalizada corrupción moral y reglamentaria desde la cúspide hasta la base de la sociedad.

Más terrible aún que esta situación ha sido su segunda fase: la recuperación. El gobierno –primero el del Presidente Bush y ahora el del Presidente Obama- han decidido ayudar tanto a las instituciones financieras como a los dueños de casa, pero sin antes hacer que los verdaderos responsables de la crisis rindan cuentas a los tribunales de justicia y a la sociedad.

Los esfuerzos actuales del gobierno, a nivel nacional y estatal, terminan rindiendo poco fruto a pesar de su alto costo. Por ejemplo, el gobierno del Presidente Obama asignó $28 millardos de dólares para ayudar a un estimado de 400 millones de personas a salvar sus casas. Un par de años después, se han gastado $10 millardos, o 36%, o sea, más de la tercera parte, pero se ha ayudado solamente a 900,000 dueños de casas, o sea 22.5%. La razón, en parte, ha sido porque los incentivos no han resultado suficientes para los bancos. ¿Y qué piensa hacer el gobierno para solucionar este problema? Dar más incentivos. ¿A quienes? A los bancos. ¿A cambio de qué? De nada… Cada banco continuará decidiendo, caso por caso, si el nuevo incentivo es suficiente o no. Lo que quiere decir que el banco decidirá si ayuda al dueño de la casa o no. ¿Su directriz? ¡Ganancias! Recuerden que, independientemente de si hay o no corrupción en el sistema, o si los bancos son o no responsables de la crisis, éstos continúan siendo entidades que toman decisiones estrictamente basadas en sus ganancias.

Otras medidas, como las recientes reformas regulatorias dirigidas a evitar otro colapso financiero, simplemente han hecho que los bancos presten menos dinero y protesten por el papeleo adicional que tienen que tramitar y que los solicitantes de préstamos deben firmar. En verdad, diez páginas más de aclaratorias y advertencias que nadie entiende no van a solucionar nada, mientras la raíz del problema continúe desatendida.

Los vicios de fondo que crearon la crisis en el campo de los bienes raíces no pueden continuar siendo ignorados; es realmente absurdo pretender que a fuerza de dinero –de los contribuyentes, por cierto- se arreglará todo. Si una autoridad sanitaria intentara acabar con una epidemia capaz de arruinar la salud pública del pueblo americano a base de paliativos, la sociedad en pleno protestaría. El porqué de que el pueblo americano no haya reaccionado con justa indignación ante el problema de la crisis hipotecaria, es posiblemente el resultado de una mezcla de desinformación y confusión, pero más significativamente porque se encuentra atado de manos.

 

 

 

*Elizabeth Guía es Consultora Financiera, Mediadora Certificada por la Corte Suprema de La Florida para casos de Circuito Civil y miembro de la directiva de la Academia de Mediadores Profesionales de la Florida. elizabeth.guia@guiaconsulting.com