Nueva Ley intenta controlar los precios de los bienes y servicios en Venezuela

CARACAS.- Una nueva Ley de corte estatista se acaba de estrenar en Venezuela, en donde el Gobierno de Hugo Chávez aspira reducir los elevados índices de inflación que se mantienen en la nación sudamericana y que son de los más altos del mundo.

Se trata de la “Ley de Costos y Precios Justos”, la cual pretende controlar las “ganancias excesivas” de las empresas capitalistas que, según su criterio, desnaturalizan la actividad comercial al privilegiar la ganancia sobre el bien de la colectividad.

Aún cuando entrará en vigencia en 90 días, sectores empresariales esperan el reglamento de la Ley, el cual definirá cuáles son los rubros específicos del sistema económico local que tendrá un mínimo y un máximo de precios. La industria, fábrica, distribuidora y comercializadora de productos que no se ciña a los ítems que regulará el gobierno será objeto de fuertes multas, de cientos de miles de bolívares. El reincidente podrá ser expropiado sin ningún tipo de compensación monetaria de parte del Estado.

Analistas consultados por LFDB estiman que esta ley es de corte comunista y se inspira en el sistema estatista que impera en Cuba, modelo que sirve de inspiración al gobernante venezolano.

Señalan que si se intenta imponer, a rajatabla, una serie de controles de precios, el efecto inmediato que se generará en la nación será el del desabastecimiento masivo de alimentos, medicinas así como de otros bienes prioritarios para el consumidor local.

Nuevo sistema

Con la Ley crea un Sistema Nacional Integrado de Administración de Precios (Sinacopre), y se ordena la instalación de una Superintendencia de Costos y Precios Justos, que tendrá la potestad de inspeccionar y sancionar, entre otros temas, a los “agentes económicos que son sujetos” de aplicación de la normativa.

Julio Guerra

Para el Magíster en economía de la Universidad de Chicago, José Guerra, “esta Ley está condenada al fracaso, es inaplicable tal y como está concebida y  sólo traerá desabastecimiento y pérdida de empleos en el país”

Aseguró que “el efecto de esta ley será totalmente contrario al que pretende el Gobierno, como lo es controlar la inflación. Este articulado es totalmente punitivo y busca acorralar al sector privado nacional”.

Dijo que la inflación se combate con políticas públicas que faciliten la producción de bienes en Venezuela, así como la permisología, las materias primas y las divisas extranjeras que se requieren para importar al país, entre otros temas. Esto sin contar con las legislaciones laborales locales, que son una de las más restrictivas del mundo, además de costosa, por la cantidad de emolumentos que por obligación deben pagarse a los empleados venezolanos y muy especialmente al sector obrero.

“Es un tema bastante complejo que no se resuelve desde un escritorio, un burócrata ineficiente no puede decir que sube o que baja de precio”, sentenció José Guerra, quien formó parte del equipo gerencial del Banco Central de Venezuela hasta 2005.

Adicionó que el marco legal tiene dos premisas fundamentales: la primera asegura que todos los comerciantes y productores del país son “hampones” y “pillos” por lo que hay que “meterlos en cintura” y la segunda que hay especulación que causa la inflación.

“Esto es falso. No niego que haya abusos en algunos casos muy específicos pero con esto no se puede generalizar. “Esta ley es inaplicable porque sus sustentos no son sólidos y va en contra del principio fundamental de la economía y Constitución, en donde se consagran las libertades económicas”.

El gran monopolio

Aclaró que “el gran monopolista en Venezuela no es el sector privado, es el Estado, que ha tomado el control de una buena parte de los medios de producción del país, con su política de expropiaciones.

“Y más allá de los aspectos técnicos de la determinación de los precios, en la ley en referencia subyace un absurdo con el cual este gobierno ha venido insistiendo: la planificación central de la economía, doctrina heredera de los regímenes comunistas que fracasaron. Esta consiste en que un grupo de hombres bien intencionados pueden establecer metas de producción e insumos a ser utilizados para lograr cuotas de producción”. Dijo que en el papel ello luce bueno “pero su realización es imposible porque unos burócratas no pueden manejar el rumbo de la economía”.

Por su parte, el director de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, advierte que con el nuevo texto legal,  “la línea de la destrucción de la economía nacional está perfectamente concebida. Es la última, por ahora, de una serie de leyes que intentan atribuirles a los actores económicos las culpas de los entuertos que este Gobierno ha construido con mucho empeño”.

Revela Maldonado, en conversación con LFDB, que el principal afectado por la Ley no será el empresario; “será el consumidor, el hombre de a pie que no ubicará en el supermercado alimentos y medicinas en las farmacias. Nadie va a importar o a producir a pérdida y en condiciones tan adversas como las que presenta el país, la situación es muy compleja. En estos momentos, hay una articulación de leyes, confiscaciones y expropiaciones en contra de sector privado que prácticamente lo acorrala”.

Definitivamente- añade- esta Ley de Control de Precios es la punta de lanza para la eliminación del sistema de mercado de formación de precios y su sustitución por la lógica soviética de economía totalmente controlada por el Gobierno.

Victor Maldonado

Maldonado explicó que los precios “no surgen porque a alguien se le ocurrió”. Se trata de entender una compleja interacción entre la oferta y la demanda; el mercado es eso, miles de personas tomando decisiones en un contexto altamente dinámico que cambia por procesos de innovación, moda, gustos, información relevante, valoraciones morales sobre los bienes o servicios que están en juego y la propia condición personal. El mercado provee diferentes opciones, a diferentes precios y con diferentes contenidos. Eso es lo esencial del mercado, que intenta incluir a todos los tipos de consumidores, dependiendo de su capacidad competitiva”.

De parte del Gobierno, el vicepresidente Elías Jaua ha explicado en varios escenarios lo provechosa que sería esta Ley de control de precios y de ganancias justas, según la perspectiva del Gobierno.

Jaua indicó a la Agencia Venezolana de Noticias, que el objetivo de este articulado es “garantizar el acceso a los bienes y servicios de todos los venezolanos”.

Aseveró además que esta Ley tendrá como función “controlar la proporcionalidad de costos, así como el margen de ganancia de las empresas”.

Negó además que se trate de una iniciativa para eliminar al sector privado, tal y como lo afirmaran sectores de oposición días atrás. “La ley de costos no es para afectar al sector privado, es para que los venezolanos vivan con dignidad y justicia. Los únicos que tienen que tener miedo, son los que especulan con los precios”, acotó.

Detalló que el Sistema Nacional de Precios tendrá como función “controlar las ganancias desproporcionadas de las empresas”, e informó que para la próxima semana serán convocados los diversos sectores involucrados a mesas de trabajo. Indicó además que el sistema “admite revisión mensual en algunos productos”.

Puede ser hacia arriba o hacia abajo, como el caso de las frutas y vegetales cuyos costos dependen de factores singulares como, por ejemplo, las condiciones climáticas que podrían afectar una cosecha.

 

About Adriana Carrera

Periodista y editora de medios hispanos en EE.UU. desde 1996. Ganadora de varios premios Oro de la NAHP por sus reportajes de negocios y educación.