América Latina: se reduce la pobreza, pero aún 1 de cada 4 es pobre en las áreas urbanas

Más de 111 millones de personas todavía viven en tugurios (el 24% de la población urbana)

América Latina y el Caribe ha llegado a un punto de inflexión. Después de décadas de crecimiento urbano acelerado y demandas sociales insatisfechas, la región necesita prepararse para una nueva transición urbana. La información consta en el Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe, informe que será presentado hoy en Rio de Janeiro y Ciudad de México.

El lanzamiento en México se realizó dentro del marco de la XXI Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe(MINURVI).

Entre otros hallazgos, el reporte indica que mientras que países como Argentina, Chile y Uruguay tienen una incidencia de pobreza nacional baja (inferior al 12% de la población), más de la mitad de los habitantes de Bolivia, Guatemala y Paraguay es pobre, y en Nicaragua y Honduras la tasa supera el 60%. El caso más dramático es Haití, donde, según los estudios de las Naciones
Unidas realizados tras el terremoto que devastó parte del país en 2010 llega al 70%.  En términos absolutos, de los aproximadamente 124 millones de pobres en ciudades de la región, más de la mitad viven en Brasil (37 millones) y en México (25 millones), los países más grandes de la región.

El estudio revela que en la región, los países más desiguales por la distribución de la renta son (ordenados de mayor a menor coeficiente) Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, República Dominicana y Bolivia, todos ellos con un coeficiente por encima de 0,56. Por debajo de 0,50 se encuentran Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. Venezuela, es el país con menos inequidad de ingreso.

El informe “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012” reúne, por primera vez, estadísticas e informaciones completas sobre el proceso de urbanización y los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida en sus áreas urbanas.

La transición urbana en la región se ha caracterizado por su velocidad. Si bien ha supuesto mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida para amplios sectores de población, ha tenido un alto costo social, económico y ambiental.

“Para avanzar hacia un modelo de ciudades más sostenibles, más compactas, que doten a nuestras zonas urbanas de una mayor movilidad y eficacia energética, es preciso reafirmar el interés colectivo en la planificación urbanística, trabajar en políticas de cohesión social y territorial, así como en políticas nacionales urbanas, y aplicar reformas al marco legal e institucional”, advierte Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).

La publicación apunta algunos de los desafíos que tienen por delante las áreas urbanas y posibles respuestas para afrontarlos teniendo en cuenta la heterogeneidad regional.

Los datos estadísticos e informaciones recabados por el informe muestran que:

  • América Latina y el Caribe reúne casi un 80% de su población (468 millones de personas) en áreas urbanas y, de este porcentaje, la mitad reside en ciudades de menos de 500.000 habitantes.
  • Tras décadas de crecimiento continuo, las tasas de población urbana tienden a la estabilidad. El crecimiento urbano ha dado lugar a nuevos conglomerados, como las áreas metropolitanas o las megarregiones urbanas, que aglutinan múltiples municipios y ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo, pero también requieren sistemas de gobierno innovadores y coordinados.
  • Más de dos tercios de la riqueza de la región procede de las ciudades. Además, ha aumentado el potencial y la participación económica de centros urbanos secundarios.
  • Pese a la disminución de las tasas de pobreza en la región, una de cada cuatro personas en áreas urbanas es pobre y los índices de desigualdad de la región se sitúan entre los más altos del mundo. Las ciudades de la región son ciudades divididas social y físicamente. Esa división se manifiesta en la desigualdad de ingreso y la segregación entre la ciudad “formal” y la “informal”.
  • Existe un déficit acumulado de viviendas con estándares mínimos para ser habitadas y más de 111 millones de personas todavía viven en tugurios (el 24% de la población urbana). La región ha logrado mejoras en el acceso a agua y saneamiento, pero aún necesita avanzar para cumplir el compromiso de universalizar ambos servicios y garantizar su asequibilidad, frecuencia y calidad.
  • La escasa planificación y las debilidades de las políticas urbanas han tenido como consecuencia la expansión de las ciudades siguiendo un modelo poco sostenible, con ausencia de espacios públicos accesibles para todos, que privilegia el automóvil en detrimento del transporte en común y mantiene o refuerza la segregación social y espacial.
  • Las ciudades registran altos índices de violencia e inseguridad, que parecen desbordar la capacidad de respuesta de los gobiernos. Aunque la violencia no se da en todas las áreas ni es homogénea en una misma ciudad, la gravedad de sus consecuencias exige esfuerzos coordinados a todos los niveles de gobierno.
  • Se constatan iniciativas importantes para la protección ambiental, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención y respuesta a los desastres naturales. Sin embargo, existe poca conciencia de cómo la urbanización poco o mal planificada aumenta el riesgo a desastres.
  • Los países de la región han dado un impulso decisivo al proceso de democratización y descentralizado numerosas competencias, pero muchos municipios son incapaces de autofinanciarse y carecen de los recursos humanos, institucionales y económicos para su buen gobierno.

El informe señala que, después de décadas en que los gobiernos parecían incapaces de responder a las demandas del crecimiento urbano acelerado, se anuncia una nueva transición en la que el desafío será, no tanto responder a las necesidades en términos de cantidad, sino con mayor calidad, equidad y sostenibilidad.

Existe abundante conocimiento y experiencia en la región para impulsar políticas urbanas orientadas al desarrollo económico y la inclusión social. Para avanzar en esa dirección, es preciso invertir más esfuerzos en el monitoreo de las ciudades y adaptar los mecanismos de planificación, gestión y gobierno a las nuevas realidades del desarrollo urbano.

En un contexto de restricciones económicas y limitación de recursos, la publicación subraya la importancia de la gestión del suelo y el aprovechamiento por los poderes públicos (o municipales) de las plusvalías urbanas para invertir en infraestructuras y servicios. Asimismo, recomienda el fortalecimiento de los mecanismos que permiten orientar los mercados inmobiliarios en defensa del interés colectivo.

 

Fuente: ONU-Habitat

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